A propósito de las consultas a las últimas normas; hace mucho tiempo atrás, se ha venido discutiendo sobre las siguientes ideas, que aun no se consolida, mínimamente en políticas eficaces a implementarse:

1.- El Perú, en tiempos de dilemas y paradojas: Se impone una tendencia hacia la Racionalidad instrumental y no hacia el desarrollo de valores humanos. Las escuelas públicas rurales siguen siendo relegadas, a pesar de los derechos de pueblos originarios. Hay un movimiento latinoamericano que defiende con firmesa una educación ciudadana. Surgen conceptos como sociedad educadora, nuevas técnicas formativas que requieren su orientación. Permanece un imaginario social del docente como «pobre», desatendido y desprovisto lo que produce su culpabilización por un lado y victimización por otro.

2.- La realidad del país del 2020 a puertas del Bicentenario, la población demanda una educación donde se resuelvan las nuevas exigencias y nuevos desafíos. Cómo cambiamos la lógica de mercado en el sistema educativo y cómo la re-significamos con los que ya contamos. Hay una exigencia de atender a la educación rural, a través del fortalecimiento de la Educación Intercultural Bilingüe – EIB, que no es suficiente con evaluación a docentes en el dominio de lengua originaria, el «problema» es más que eso. «Construyamos» a un nuevo maestro: tratarlo y formarlo de manera idónea, que fortalezca su función social y lo valores como sujeto político.

3.- Desarrollo docente. El magisterio nacional ha perdido reconocimiento social. Ello implica, eliminar sus estigmas como parte de las políticas de estado. Mejorar la comprensión del docente respecto a la escuela y la sociedad, supone integrar para esto a los padres de familia y las organizaciones públicas y privadas. Una política pública de largo aliento que atieda a todos los sujetos del sistema educativo. El magisterio nacional, también demanda, mejores condiciones de vida y trabajo, una política que garantice su desarrollo laboral, sus incentivos, ninguno de estos aspectos atendidos de manera aislada darán un resultado satisfactorio; que si bien se han emitidmñño normas para el acceso a cargos de mayor responsabilidad, aún la «pus» de la corrupción se genera en las DRE y las UGEL. Así mismo, es necesario revisar los currículos de las formaciones docentes, en las instituciones de formación técnica ( ISP, IST y ESFA), bajo la responsabilidad de las DRE.

4.- La evaluación del desempeño docente como un elemento formativo. Debe tomarse cuenta de la diversidad de modos de educar y el contexto. Asignar el 6% del PBI como lo exige el Acuerdo Nacional. Sensibilizar a la sociedad sobre el problema docente. Acción y participación multiectorial. Se requiere consultas descentralizadas y enfoques políticos.

Temas para la agenda del debate:

– Políticas Públicas. Condiciones y contexto.
– Continuidad y reformulación de las políticas educativas.
– Importancia y vigencia de la educación pública.
– Políticas de desarrollo docente.
– Evaluación del sistema educativo.
– Corrupción en el Sector Educación.

Entonces, hay mucho por normar y que han quedado en el tintero a partir de la salida de la ministra Flor Pablo. Esta hoja de ruta debe ser la guía para seguir avanzando en el sistema educativo; dentificando la participación del colectivo y redes a nivel regional.

FUENTE Lic Oliva Ita Directora de la federación Ambientalista Internacional sede Perú