lamentablemente, con la legislación española actual no se tiene la seguridad legal de su posible uso en España.

16/12/2019

La Comisión Sectorial de AQUA ESPAÑA sobre Sustancias para la Producción de Agua de Consumo solicitará oficialmente al Ministerio de Sanidad un dictamen para que indique específicamente las sustancias que están legalmente permitidas para poder ser utilizadas en el tratamiento del agua destinada a la producción de agua de consumo, ya que la publicación del Real Decreto 902/2018, de 20 de julio, derogó la Orden SSI/304/2013, de 19 de febrero, eliminando así la lista positiva de sustancias, que se usaba para identificar esta cuestión en España.

AQUA ESPAÑA ha mostrado su preocupación ante la situación legal actual en España en este asunto, pues considera que el actual marco legal español da inseguridad jurídica a las empresas que comercializan sustancias para el tratamiento del agua para la producción de agua de consumo.

Las empresas de AQUA ESPAÑA que actúan en este ámbito comercializan sustancias que en muchas ocasiones están reconocidas en normativas técnicas, guías técnicas e incluso en la legislación de otros países avanzados; pero hoy, lamentablemente, con la legislación española actual no se tiene la seguridad legal de su posible uso en España. fuente AQUA ESPAÑA

«Inseguridad jurídica»: España, entre los países ricos con peor regulación

La mala calidad de la regulación genera incertidumbre y mina el crecimiento y el desarrollo económico.

La calidad del marco regulatorio español se encuentra por debajo de la media europea. Así se desprende del nuevo estudio del Instituto de Estudios Económicos, el think tank vinculado a la CEOE que preside Íñigo Fernández de Mesa y dirige Gregorio Izquierdo. Según el IEE, los legisladores españoles están minando la seguridad jurídica y cercenando el crecimiento con su apuesta por un desarrollo normativo enormemente complejo.

Para medir la calidad del marco regulatorio, el IEE toma como referencia los Indicadores de Gobernanza que elabora el Banco Mundial. Dicha medición estudia más de 200 países y jurisdicciones y divide la puntuación en seis grandes bloques que incluyen la participación, la rendición de cuentas, la estabilidad política, la correcta redacción de la normativa, el cumplimiento de las leyes y el control de la corrupción. La nota va de menos a más en una escala que comprende de -2,5 a +2,5 puntos.

Como se puede ver en el siguiente gráfico, el grado de cumplimiento de la ley es relativamente bajo en España: no llegamos a obtener 1 punto y nos situamos a la par con Malta, República Checa, Lituania o Letonia. Lejos quedan, pues, los países europeos que mejor lo hacen: Finlandia, Suecia, Austria, Dinamarca, Países Bajos, Luxemburgo, Reino Unido o Alemania.

En cuanto a la calidad de la normativa producida, España vuelve a quedarse por debajo del umbral promedio de la UE, sin llegar a recibir 1 punto. Esta calificación nos relega a los puestos ocupados por Lituania, Chipre, Portugal y Polonia. En cabeza de la tabla, y con una nota mucho más alta, aparecen Países Bajos, Suecia, Finlandia, Reino Unido, Luxemburgo, Alemania, Dinamarca e Irlanda.

Según explica el IEE, hay un vínculo muy estrecho entre regular mejor y crecer más. Cruzando los datos de PIB per cápita de las distintas economías del mundo con la nota recibida por cada país y jurisdicción en los Indicadores de Gobernanza, se observa una correlación del 76,9%. Si se centra el tiro en el grado de cumplimiento de la ley, la correlación con el crecimiento económico es aún más honda (77,1%).

• Diego Sánchez de la Cruz