Desafíos de Colombia para el 2024: Proteger a los defensores ambientales, reforestar y tomar el control de los territorios

• Combatir las economías criminales que afectan a resguardos indígenas y áreas protegidas, afianzar la desaceleración de la deforestación y reforestar las 753 000 hectáreas que se propuso el Gobierno son algunos de los retos que tiene Colombia.
• Avanzar en la planificación del territorio y en un Acuerdo Nacional Ambiental que incluya a todos los sectores serán acciones necesarias para articular las políticas y cumplir con la promesa de conservar los bienes naturales.
• Las esterilización, el traslado y la eutanasia serán las tres estrategias que el Gobierno utilizará para controlar la propagación de los hipopótamos en el país.

Controlar las zonas donde imperan los grupos armados ilegales será uno de los desafíos de Colombia para este 2024. Se trata de una medida indispensable para garantizar la protección de los defensores ambientales, así como para combatir las economías criminales, como los cultivos de uso ilícito y la minería ilegal, que tienen acorralados a pueblos indígenas y a los mismos Parques Nacionales Naturales.

El 2024 será un año que muestre si la reducción de la deforestación logra consolidarse como una tendencia producto de acciones gubernamentales y no como resultado de las órdenes de los grupos al margen de la ley en territorios como la Amazonía.

El país arranca el año con un sector ambiental que es el eje central de las políticas de Gobierno: una asignación presupuestal nunca antes vista y un Plan Nacional de Desarrollo que pretende ordenar el territorio alrededor del agua. Será el momento de avanzar, dicen los expertos, en una articulación y ejecución de las acciones.

Lograr que todos los sectores marchen en la misma dirección será también fundamental para lo que se viene y más ahora que el presidente Gustavo Petro anunció —en el marco de la 28ª Conferencia de las Partes (COP28) de la Convención de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, que tuvo lugar el pasado diciembre en Dubái— que Colombia dejó de firmar contratos de exploración de carbón, petróleo y gas, y que la apuesta de la transición energética será por minerales como el cobre. Esto pone sobre la mesa la importancia de conseguir un Acuerdo Nacional Ambiental y realizar una zonificación productiva que especifique, entre otros, las zonas habilitadas y las que no se pueden intervenir porque se traslapan con áreas de reserva y territorios indígenas.

Este año también será clave para valorar la eficacia del plan del Gobierno colombiano en el control de la propagación de los hipopótamos en el país, una especie exótica e invasora que pone en riesgo varios de los ecosistemas y especies nativas.

Estos son algunos de los desafíos ambientales que enfrentará Colombia en este 2024, de acuerdo con expertos e integrantes de organizaciones no gubernamentales entrevistados por Mongabay Latam.

1. Proteger a los defensores ambientales

Evitar que Colombia continúe como una de las naciones más peligrosas para las personas defensoras de ambiente y territorio es, quizá, el principal desafío. El país necesita cambiar las cifras registradas en 2022 —cuando fueron asesinadas 60 personas que ejercen esta labor—, o las del 2023, año en el que atentaron al menos contra 181 líderes sociales y defensores de derechos humanos, según la Defensoría del Pueblo, o contra 188, de acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz).

Andrés Macías, docente e investigador de la Universidad Externado y doctor en estudios de paz y conflicto, explica que esta situación no es nueva y existía desde antes del Acuerdo de Paz con las Fuerza Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC). “Llegó un Gobierno de izquierda que, cuando era oposición, siempre decía que el Gobierno no hacía nada y ahora se ha dado cuenta que no es tan fácil. No logra disminuir la violencia como se esperaba porque es un tema muy complejo. Es el principal desafío, que está atado a la presencia de grupos y a economías ilegales”.

Pilar Castillo, directora ejecutiva de la Asociación Minga, que hace parte del programa Somos Defensores, realiza un llamado para que, en los más de dos años que restan del mandato de Gustavo Petro, se articulen las políticas de defensa, de garantías, de desmantelamiento de grupos paramilitares y de paz total.

“Se necesita articulación para generar un escenario óptimo de protección. No podemos tener a cada una por su lado. (…) El hecho de que los liderazgos ya no sean estigmatizados creo que es algo que hay que reconocerle al gobierno, pero lo importante ahora es pasar a materializar”.

Castillo insiste en la necesidad de avanzar en la construcción de la política pública de defensa de derechos humanos. También, recalca, se requiere un enfoque de protección preventiva y diferencial. “Se ha hablado de reestructurar la UNP [Unidad Nacional de Protección], que lidera todo el andamiaje de protección para los defensores. Las medidas diseñadas no son las más idóneas. No es lo mismo proteger a un defensor que trabaja en Bogotá que a uno indígena o un campesino”, dice. Además, espera que este año se instale, por fin, la Mesa Nacional de Garantías.

2. Frenar la deforestación y reforestar

Tomar el control de los territorios y que, a la vez, se consolide la desaceleración de la pérdida de bosque son dos de los desafíos que tendrá el país. En este 2024 se sabrá si la cifra de deforestación del 2022, que fue la más baja en nueve años —123 517 hectáreas, según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam)—, se mantendrá como una tendencia o si fue solo el resultado del fenómeno de La Niña o de las órdenes de los grupos armados ilegales.

Rodrigo Botero, director de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), explica que en esas cifras influyeron las órdenes de no deforestar dadas por el Estado Mayor Central (EMC), el grupo disidente liderado por alias Iván Mordisco y compuesto por excombatientes de las FARC, que tiene un control territorial en varias zonas del suroriente, el norte y el occidente del país y se encuentra en diálogos de paz con el Gobierno. “Con unos costos sociales y en términos de democracia y gobernanza muy altos, porque además de hacerlo a través de amenaza y de coacción armada —explica Botero—, también ha sido con desplazamiento y coerción sobre las instituciones públicas que tendrían que estar trabajando en estos procesos”.

Los mismos funcionarios de Parques Nacionales Naturales no pueden ejercer autoridad. Carlos Castaño, exdirector de esta institución, calcula que al menos 10 áreas protegidas se encuentran bajo este “régimen de exclusión por instrucciones de la delincuencia armada de este país”. La gobernabilidad es necesaria, considera, para atajar realmente la deforestación y evitar el avance de la frontera agropecuaria. Sumado a que será indispensable para proteger a los pueblos indígenas de la Amazonía, que —en el caso de 218 resguardos indígenas— perdieron más 19 181 hectáreas de bosque en el 2022, de acuerdo con datos obtenidos a través de análisis satelital de la plataforma Global Forest Watch.

“Lo más preocupante es el cambio progresivo en las condiciones y en el régimen ecológico del territorio. (…) La macrocuenca ha tenido unas modificaciones tan sustantivas que realmente está rebasando nuestra capacidad”, dice Castaño. El gobierno es consciente y, por eso, ha planteado una ambiciosa meta: restaurar 753 000 hectáreas al 2026.

El trabajo de las comunidades y de las organizaciones de la sociedad civil será indispensable, especialmente en este 2024 que se dobló el dinero de las regalías —serán 2,13 billones de pesos (casi USD 600 millones)—, para financiar proyectos de conservación de áreas ambientales estratégicas y en la lucha contra la pérdida de bosque.

El desafío de la restauración es enorme. Manuel Rodríguez, exministro de Ambiente, considera que la meta de reforestar las 753 000 hectáreas es muy alta y la estrategia no es clara. “El gobierno básicamente ha renunciado a la utilización de la fuerza contra los grupos ilegales y me parece muy poco probable que así se pueda bajar la deforestación”, manifiesta.

3. Combatir las economías criminales

Colombia, hasta el 2022, tenía 230 000 hectáreas sembradas con coca. En su informe más reciente, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) señaló un incremento nacional del 13 %. Este aumento se reflejó de manera más marcada en áreas específicas: un 21,5 % en los Parques Nacionales Naturales y un 18 % en los resguardos indígenas. “¿Cuánto ha significado esto en deforestación? Tampoco lo sabemos”, afirma Rodríguez.

Si bien estas cifras no necesariamente reflejan lo que ocurre actualmente y aún no se conocen las del 2023, esto plantea otro desafío: enfrentar las economías ilegales que financian a los grupos al margen de la ley. El problema es que los ceses al fuego bilaterales, explica el investigador Andrés Macías, tienen maniatada a la Fuerza Pública y actuar implica adelantar acciones ofensivas, lo que llevaría a una violación de la medida.

“Los grupos saben sacar provecho de eso y logran instrumentalizar a la comunidad, que termina rechazando a la Fuerza Pública, ya sea porque los obligan o en algunos casos por la misma mala imagen que tienen (…) Y la Fuerza Pública, por respetar derechos humanos y evitar confrontaciones con la población, termina saliendo. Todo esto afecta el contexto de seguridad del país y es bastante negativo”, puntualiza.

Pero no solo son los cultivos. Una investigación de Mongabay Latam reveló que, al menos, 10 resguardos indígenas amazónicos son afectados actualmente por la contaminación de la minería ilegal de oro. El mercurio es también una amenaza para la biodiversidad y la salud de las poblaciones en varias partes del país.

Rodrigo Botero, de la FCDS, brinda otro ejemplo: la contaminación por mercurio en la región del sur de Bolívar y el nordeste antioqueño, que tienen unos niveles tan “impactantes” de contaminación, que ya empiezan a verse repercusiones de salud pública.

4. Urge un consenso y una planificación del territorio

El Acuerdo Nacional Ambiental, según Botero, debe ser la gran prioridad para este 2024, especialmente ahora que los temas ambientales se han puesto como eje de las conversaciones de paz. “Es el momento de poner sobre la mesa que esos actores [armados ilegales] hacen parte de lo que necesitamos”, dice.

Petro manifestó su interés en lograr un Acuerdo Nacional de justicia social y ambiental, ligado a la Paz Total, que permita una “sociedad más igualitaria”. El gran reto es que deben estar todos. “Todos son todos”, recalca Botero: el sector privado, las industrias extractivas, el sector agropecuario, el movimiento popular, los pueblos indígenas, la población afrodescendiente, ambientalistas, organizaciones de la sociedad civil, planeación nacional, cooperación internacional, el Congreso, entre otros.

Lograr un acuerdo requiere, además, trabajar en una zonificación productiva del territorio, más ahora que el Plan Nacional de Desarrollo, llamado “Colombia, potencia mundial de la vida”, propuso un ordenamiento alrededor del agua. “Tenemos crisis en el uso del suelo por esa falta de zonificación consensuada nacional. Tenemos un proceso de calentamiento global y eventos cada vez más extremos. Y tenemos una conflictividad social y socio ambiental cada vez más fuerte. Si sumas los tres elementos da como resultado la inviabilidad de los territorios y los ecosistemas hacia el futuro, es decir, un punto de no retorno”, argumenta Botero. Explica que una zonificación permitiría tener una trazabilidad, pues actualmente las personas no saben si la carne que se comen en un restaurante salió, por ejemplo, de un parque nacional de la Amazonía que fue deforestado por actores ilegales.

El país, para Botero, debe moverse en esa dirección. Aunque no será tan fácil, cree que hay una “pequeña luz de esperanza” ahora que la mayoría de los países están empezando a exigir trazabilidad y certificación de origen. “Hacia allá va el mundo y empieza a cambiar los hábitos de las grandes empresas. (…) Acá en Colombia se tendrá que empezar a trabajar en estrategias para que la población sea más selectiva en qué compra y cómo”.

5. La apuesta por la transición energética

Durante la COP28 en Dubái, el presidente Gustavo Petro presentó un portafolio de inversiones por 34 000 millones de dólares para la transición energética y anunció que no se firmarán más contratos de exploración de petróleo, gas y carbón, pero se respetarán los que están vigentes.

El objetivo ahora es descarbonizar la economía. Petro ha propuesto una exploración y explotación de 12 minerales, como el cobre, el litio, el coltán, el cobalto y otros para producir energía limpia. “En la medida que baja la demanda del carbón y del petróleo, la otra economía minera crece y sus precios van a aumentar. (…) Hacer una turbina de viento, de esas inmensas (para energía eólica), y hacer los paneles solares (para energía solar) implica el uso de unos minerales”, explicó.

¿Cómo se hará? Este constituirá otro de los desafíos y está relacionado con la misma zonificación del territorio. Es crucial que esta zonificación especifique las áreas habilitadas para la minería y aquellas que están prohibidas, con el objetivo de prevenir impactos negativos en las comunidades y en el medio ambiente.

A José Luis López López, magister en ordenamiento urbano regional e investigador del Observatorio de Conflictos Ambientales (OCA) de la Universidad Nacional (UNAL), le preocupa que la transición energética esté por encima de los ecosistemas estratégicos. Lo dice porque, asegura, hay títulos para minería de cobre en Putumayo que se traslapan con áreas de reserva y territorios étnicos.

“Básicamente son la punta del iceberg de las más de 30 solicitudes que hay para esta zona del piedemonte amazónico. (…) Mi mayor preocupación es la posible explotación de minerales a gran escala en el macizo colombiano y las cuencas altas que abastecen al río Amazonas, una de ellas es la cuenca alta del río Mocoa, vertiente del río Caquetá”, expone.

López fue secretario de planeación de Mocoa, la capital de ese departamento, y asegura que el 80 % del territorio se encuentra en zona de riesgo alto o medio por amenazas naturales, como movimientos en masa, avenidas torrenciales o inundaciones. “El peligro puede ser exacerbado por los procesos de exploración y explotación de cobre. Uno de los títulos precisamente, de los cuatro vigentes, se encuentra sobre el punto más grande de remoción en masa que aportó al evento de 2017”, dice, refiriéndose a la avalancha que cobró la vida de más de 300 personas en ese municipio.

“¿Vamos a decir que no a cualquier tipo de minería?”, se pregunta por su parte Rodrigo Botero. Considera que, por eso mismo, es importante la zonificación productiva. “Yo pienso que el tema de los minerales de transición es importante para el país, pero que ojalá fuera para producir cosas aquí, no solo para que los países desarrollados nos devuelvan las aspas de los molinos a un precio quintuplicado”.

6. El control de una especie invasora

En 2024 el Gobierno tiene como tarea continuar el plan que arrancó a fines de 2023: el control de los aproximadamente 169 hipopótamos que hay en el país, una especie exótica e invasora que está en el río Magdalena y que tiene en riesgo a los ecosistemas y a la biodiversidad del territorio, pues afecta el hábitat de especies como el manatí, la nutria y el chigüiro.

Por tal razón, el Gobierno comenzó la implementación del Plan de Control y Manejo de hipopótamos, que incluye —según explicó la ministra Susana Muhamad— 40 esterilizaciones por año; el traslado de hasta 85 ejemplares a países como India (60), México (10) y Filipinas (15), y la eutanasia.

“Tenemos que atender esta problemática por todos los frentes posibles. Frenar la capacidad reproductiva y abordar el hecho de que se están esparciendo por todos lados. Y hay que continuar con otras acciones para lograr que la población se reduzca, eso se logra con la traslocación o la eutanasia”, explica David Echeverri López, coordinador del Grupo Bosques y Biodiversidad de la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare (Cornare).

Hasta el momento se han realizado cuatro esterilizaciones —que se hicieron finalizando el año pasado— y la idea es continuarlas en este 2024. No es una tarea fácil. Son animales que están libres, se mueven continuamente y tienen además un comportamiento impredecible, lo que hace que los profesionales tengan semanas donde el protocolo de captura no funciona.

El coordinador de Cornare cree que será esencial hacer una estrategia de intervención social con las comunidades que están en el área de influencia de estos animales. Necesitan generar un sentido de apropiación y que las personas entiendan las afectaciones que pueden generar las especies invasoras, como el desplazamiento de fauna silvestre que ocupa el mismo nicho que los hipopótamos y que no tiene capacidad de competencia, como el manatí —que está En Peligro de extinción—. Esto sumado a que los hipopótamos, explica Echeverri, son animales bioingenieros que van modificando los ecosistemas.

Aunque el plan está listo, lo difícil será movilizar los hipopótamos a otros zoológicos fuera de Colombia, que cuenten con las garantías de habitabilidad, seguridad, manejo y bienestar. “Hemos tratado de abordarlo, pero es frustrante porque depende de otras entidades. Es un tema complejo con todas las entidades que toca poner en fila y trabajar en función de los permisos”, puntualiza Echeverri.

7. Articular las políticas y ponerlas en marcha

Este año el sector ambiental arranca con un presupuesto asignado que no se había visto antes: 2,03 billones de pesos (USD 500 millones). Sin contar que, además, el Fondo para la Vida y la Biodiversidad, un instrumento financiero y autónomo creado para potenciar la gestión, la resiliencia climática y la protección de la biodiversidad, recibirá recursos también de otras fuentes, como el 80 % del recaudo del impuesto del carbono. Esto sumado a que se doblaron los recursos del sistema de regalías para financiar iniciativas de conservación.

Si bien está el dinero y las políticas de Gobierno, es hora de ejecutar. Margarita Flórez, directora de la Asociación Ambiente y Sociedad (AAS), considera que se necesitará garantizar un acompañamiento efectivo que verifique el uso adecuado de los recursos.

Las Corporaciones Autónomas —las autoridades a nivel regional— jugarán un papel importante, el problema es que, para Flórez, no tienen un liderazgo. “Se enuncia como algo que se reformará, pero debería ser rápido, porque dos años no es mucho tiempo”, dice, refiriéndose a lo queda del Gobierno del presidente Petro. En esto coincide Botero, quien cree que es momento de una reforma y de que el país contemple tener una institucionalidad que se ocupe de las prioridades nacionales y que pueda penetrar las fuerzas regionales que, para él, muchas veces impiden que se haga una gestión ambiental apropiada.

“Yo ahora veo una descentralización que en vez de ayudar, proveer capacidades y generar mayor eficiencia, ha generado una dispersión de iniciativas, de contradicción en muchos casos con la política nacional y que ha permitido el fortalecimiento de caudillos regionales que utilizan las corporaciones para propósitos puramente clientelistas y electorales”, crítica Botero, quien considera que adicionalmente hay muchas asimetrías entre corporaciones por el acceso a los recursos: “las más débiles son las que tienen las áreas más sensibles ambientalmente en el país”.

La reestructuración, si se hace, no será cosa sencilla. El exministro Rodríguez cuenta que han sido 24 intentos de reforma y las corporaciones siempre han ganado en el Congreso de la República. Cree que esto solo puede ocurrir si se hace en concertación. “Ignorarlas solo llevará al mismo escenario”, concluye, .por María Fernanda Lizcano en 16 enero 2024

*Imagen principal: Vista aérea de la maloca de la comunidad de Curare en el resguardo Curare-Los Ingleses, en la región Amazonas, Colombia. Crédito: Victor Galeano.