Nicolás Maduro muestra una barra de oro supuestamente excavada y procesada en el Arco Minero de Venezuela. Foto: Prensa Presidencial @PresidencialVen “A pesar de todo el discurso sobre la Madre Tierra y último objetivo del Plan de la Patria, en lo objetivo, el gobierno no ayuda en absoluto. Tú no puedes avanzar sin una institucionalidad ambiental, sin planes profesionales hechos

• Los expertos entrevistados coinciden en que el país requiere el retorno de la institucionalidad para llevar a cabo cualquier plan que persiga un entorno más sano y en sintonía con las leyes nacionales y los tratados internacionales.

Venezuela es un campo minado de problemas ambientales que, con los años, solo han logrado profundizarse y agudizarse con la venia del gobierno de Nicolás Maduro. Hay áreas protegidas en peligro, hay cuencas hidrográficas que podrían quedar devastadas por la explotación de minerales, hay planes del Ejecutivo que son consideradas un atentado a la naturaleza y, para completar el panorama, los presupuestos destinados a investigar, vigilar y controlar todas estas acciones, son inexistentes.

Las perspectivas no son las mejores. Por ello, Mongabay Latam habló con científicos, especialistas de organizaciones ambientales y académicos para identificar los desafíos ambientales que los venezolanos deberían encarar el 2020.

Servicios básicos: fallas que arrastran problemas ambientales  

En un país en el que 9 de cada 10 hogares, aproximadamente, se ven obligados a almacenar agua potable para prevenir las fallas de suministro de agua —de acuerdo con cifras del Observatorio Venezolano de Servicios Públicos—, donde el 46 % de la población disfruta del servicio menos de cuatro días a la semana y en el que la mitad de los habitantes lidia a diario con los apagones, conservar los espacios naturales puede ser visto como un tema de menor relevancia, sin embargo todo está relacionado. Proteger los puntos de donde se extraen los recursos es fundamental.

Los venezolanos juntan agua del río Guaire contaminado durante el apagón nacional de marzo de 2019. Los datos actualizados sobre la calidad del agua han desaparecido de los sitios web gubernamentales oficiales de la nación. Foto: Christofer García.

Para Alejandro Álvarez Iragorry, coordinador de Clima 21, organización dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos ambientales, lo primero que se debe atacar son aquellos problemas del ambiente que agudizan la emergencia humanitaria. Y en ese amplio abanico de opciones despunta la escasez de agua y la calidad que debería tener cuando llega a cada vivienda venezolana.

“El tema agua requiere un financiamiento importante para mejorar el suministro, desde el acueducto hasta la cuenca”, advierte el especialista en derechos humanos ambientales. Asegura que hay expertos en el área que han mostrado propuestas viables al respecto y pone como ejemplo la que figura en las páginas del Plan País, el proyecto de gobierno de Juan Guaidó, presidente encargado de la República y de la Asamblea Nacional, que contempla que con una inversión de 400 millones de dólares, enfocada en el mantenimiento del sistema de canales y embalses, la distribución podría restablecerse en al menos un 40 % durante el primer año.

La urgencia de resolver el problema del agua radica en que, de no aplicar correctivos de inmediato, la situación de Venezuela puede pasar de “emergencia humanitaria a catástrofe”, sostiene Álvarez.

“Según los epidemiólogos, estamos a una hoja de papel de distancia [en alusión a la distancia ínfima] de una gran epidemia porque muchas enfermedades que ya han repuntado en el país —como gastroenteritis, gastroenteritis amibiana, giardiasis, hepatitis C y cólera— son transmitidas por aguas contaminadas”, apunta.

El conflicto que genera el mal servicio del agua está asociado a su vez con el suministro eléctrico. En el país más del 70 % de la energía proviene de la Central Hidroeléctrica Simón Bolívar (conocida como Guri por el embalse que la alimenta), que a su vez es mantenida por la cuenca del río Caroní, hoy afectada por la actividad extractivista del Arco Minero del Orinoco.

“Si se mantienen las actividades de minería dentro de las cabeceras de ríos, la capacidad de producir agua potable de calidad para consumo humano y riego va a verse más comprometida y, por otro lado, la capacidad de producir energía eléctrica va a verse más comprometida de lo que ya se encuentra”, destaca la bióloga Tina Oliveira, quien es coordinadora del Observatorio Socioambiental del Grupo de Trabajo Socioambiental de la Amazonía “Wataniba”.

La investigadora acota que el problema de electricidad en Venezuela no es solo de infraestructura —debido al escaso mantenimiento de los acueductos, tuberías y embalses— sino también un problema de origen porque la fuente del agua sufre por la deforestación y la minería. “Esa dos actividades están incidiendo en la capacidad productiva de agua de toda la zona centro-norte del país”, subraya y destaca que en esa situación están los embalses de todo el país, sobre todo los de Carabobo, Aragua, Miranda y los Andes.

Esa deforestación, en parte, es producto de otra falla de servicio: la del suministro de gas. El Observatorio Venezolano de Servicios Públicos señala que solo 26 % de la población recibe bombonas de gas una o dos veces al mes. Por eso, cada vez es más frecuente que en los pueblos, los habitantes decidan irse a los bosques para cortar leña que les sirva para cocinar. Otra realidad que debe revertirse.

“A mediano plazo hay que reforestar masivamente las cuencas. Los resultados no se ven nunca a corto plazo porque son superficies grandes de terreno, pero hay tecnologías adecuadas para hacerlo que deben ponerse en práctica”, acota Alejandro Álvarez.

La lucha por las áreas protegidas

Aunque el quinto “Gran Objetivo Histórico” del Plan de la Patria 2019-2025 (Plan de gobierno de Nicolás Maduro) es el de “contribuir con la preservación de la vida en el planeta y la salvación de la especie humana”, sus acciones parecen ir en otra dirección. Una muestra de ello es que desde los despachos ministeriales se aprueban proyectos de infraestructura en áreas protegidas cuando en el pasado era impensable levantar alguna construcción.

Bosque de pantano que caracteriza el Parque Nacional Ciénagas de Juan Manuel. Foto: Maria Fernanda Puerto.

Marlene Sifontes, secretaria de organización del Instituto Nacional de Parques (Inparques), insiste en que el inicio de esta violación está en el incumplimiento de las normas que establecen los Planes de Ordenamiento y Reglamento de Uso (PORU) que existen para cada uno de los parques nacionales desde su creación. Esto ha condenado a las zonas verdes a una muerte por vía de la mercantilización de sus terrenos y hoy revertir este proceso, que viene avalado por el gobierno de Nicolás Maduro, es un reto.

“En general, en Venezuela hay un menosprecio sobre las capacidades y conocimientos científicos que pueden dar respuesta a las necesidades en materia ambiental […] Eso ha llevado a que se vulnere o desconozca el manejo y control de parque naturales, monumentos naturales, refugios de fauna, reservas de fauna, de biósfera y todo lo que corresponde al subconjunto de las Áreas Bajo Régimen de Administración Especial (Abrae), que están destinadas a la conservación e incluso al aprovechamiento sostenible de la diversidad biológica”, afirma la bióloga Tina Oliveira, quien advierte que la mayoría de estos espacios enfrenta procesos de deterioro, deforestación, práctica de actividades agropecuarias en sus linderos e incluso actividades extractivistas ilegales.

“Todos los parques del país han sido víctimas del desmantelamiento de la institucionalidad que legalmente debe ser ejercida por el Instituto Nacional de Parques (Inparques) que está bastante disminuido en funciones como supervisor y gestor de áreas protegidas”, dice la coordinadora del Observatorio Socioambiental de Wataniba.

En esos mismos espacios hay otras dinámicas que contribuyen con el daño. “El mal manejo de aguas costeras y los aumentos de la deforestación en tierra firme generan una carga de sedimentos bastante alta que a su vez se convierte en amenazas a los corales y especies del área costera”, recalca Oliveira. Una prueba de ello es el efecto que deja en el mangle y en los corales las construcciones hoteleras en el parque nacional Archipiélago Los Roques.

En la isla Gran Roque, las nuevas construcciones turísticas han empleado maquinaria pesada, por primera vez, en el parque nacional. Foto: Cortesía de habitantes de San Roque.

Para la experta, “una acción ciudadana permanente (denuncia, vigilancia) en ámbitos nacionales e internacionales haría presión” para que se atienda el problema. Sin embargo, advierte, esa “presión nacional no la pueden hacer los que pasan hambre”. Por eso, la bióloga opina que los venezolanos en el exterior deben sumarse a los reclamos y exponer en los países en donde están cómo se mercantilizan las áreas protegidas venezolanas.

Por otro lado, Álvarez indica que “a un corto plazo hay que documentar la situación” para decir qué está pasando y, con claridad comunicacional, llevar el resultado a instancias internacionales como la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN, por sus siglas en inglés), que es el órgano de la Unesco que lleva las riendas de la áreas protegidas. A mediano plazo, propone, se debe trabajar dentro de las comunidades locales y la ciudadanía local para que se entienda que están en un área protegida y que esta necesita ser preservada para el futuro y desarrollo de quienes la habitan.

Alguien debe detener el Arco Minero

En 2018 hubo un gran avance: la Asamblea Nacional (de mayoría opositora) aprobó a finales de año la Ley Orgánica de Creación y Protección de la Mega Reserva de Agua Dulce y Biodiversidad del Sur del Orinoco y la Amazonía, que además de tener por objeto la protección de las reservas hídricas y su entorno ubicadas en los estados Bolívar, Delta Amacuro y Amazonas, derogaba el polémico decreto del gobierno de Maduro que pontificó la minería en el sur venezolano: la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco.

Los venezolanos llegan de todos lados para trabajar extrayendo coltán, oro y diamante en el Arco Minero de Venezuela. Foto: Jorge Benezra

Sin embargo, un año ha transcurrido de aquel acto y, lejos de que la actividad extractivista se haya frenado, desde el Ejecutivo se han impulsado programas como el Plan Sectorial Minero 2019-2025, que apunta a que la explotación de minerales alcance su máximo nivel de producción.

Esta desobediencia a la Asamblea Nacional se debe a que el gobierno de Maduro, que hoy día se sostiene con las ganancias que genera la extracción de oro en el sur, dictaminó por medio del Tribunal Supremo de Justicia que el órgano legislativo estaba en desacato, luego de que este incorporara a sus sesiones a tres diputados cuya elección fue impugnada desde el principio por el chavismo, pese a que nunca se pudo comprobar el fraude. De modo que, a pesar de haber sido aprobada y estar lista para entrar en vigencia, la ley de la Megareserva, una de las salidas a la devastación en el Arco Minero, permanece solo en el papel.

Los especialistas coinciden en el mismo pedido: que la minería ilegal en esa zona se detenga. “Debe ser controlada porque es un proceso que no cuenta con ningún tipo de orden y genera consecuencias a todo nivel para el país”, insiste Oliveira, al tiempo que aclara que el decreto gubernamental sobre el Arco Minero no cumple con la normativa legal ambiental vigente del país y por lo tanto representa una amenaza mayor para las poblaciones locales, la ecología y sostenibilidad ambiental.

La bióloga sentencia que Venezuela tiene que apostar por las tecnologías limpias sobre cualquier otra. “Las limpias implican emisiones y fluidos sin contaminantes, y procesos que generan pocos o ningún pasivo ambiental”.

Para Álvarez, una de las preocupaciones fundamentales sobre el tema es el uso del mercurio y el freno inmediato que se le debe aplicar debido a sus efectos nefastos en la salud.

“Las políticas actuales no parecen darnos esperanza al respecto. Además, el tema del mercurio requiere de complejas decisiones porque ahí están los negocios de la delincuencia organizada. Son decisiones que van a tomar mucho tiempo”, explica.

Según el biólogo Édgar Yerena, la falta de gobernabilidad en la zona dificultará la meta. “Aquello está subdividido en pequeños feudos (bandas criminales, guerrilleros, sindicatos mineros) y no se percibe que haya una línea de mando. Todo eso permea en la actividad ambiental”, señala.

Cientos de locales de compra de oro adquieren el metal que se extrae de los yacimientos del Arco Minero del Orinoco. Foto: Lorena Meléndez G.

Para el exsenador, profesor universitario y especialista en derecho ambiental, Alexander Luzardo, quien además escribió la ley de la Megareserva, el papel fundamental de los parlamentarios este año es darle seguimiento a este instrumento y difundirlo ante el mundo, una tarea que —dice el experto— cumple el diputado Américo De Grazia desde el año pasado en Europa. La intención es que así se logre una mayor sensibilización sobre los efectos del Arco Minero y una respuesta internacional.

El rescate de las universidades como centros de investigación ambiental

En Venezuela se desconoce el grado de contaminación con mercurio de los ríos. No se sabe cuántos kilómetros cuadrados de selva se han perdido por la minería. No hay cifras exactas sobre la cantidad de víctimas de enfermedades que producen las aguas contaminadas. Nadie lleva un conteo de los derrames de petróleo y roturas de oleoductos que se registran año a año. La investigación ambiental lleva años detenida por falta de presupuesto, el mismo del que carecen las instituciones científicas y universidades que hasta hace algunos años se encargaban de hacerlas.

La Universidad Central de Venezuela, principal casa de estudios del país, tiene laboratorios paralizados y centros de investigación casi inhabilitados. Foto: Archivo.

Una investigación del Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes (ODH-ULA) determinó que el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria, Ciencia y Tecnología, cartera que otorga el presupuesto anual a las casas de estudios superiores venezolanas, impulsa una economía deficitaria en los recintos educativos.

“Los gastos de personal universitario presupuestados por el ministerio disminuyeron desde 8,4 millones de dólares en el año 2004 hasta 300 mil dólares en 2017”, indica una nota de prensa sobre el estudio, una reducción del 96 % en 13 años.

Tal política, además de afectar directamente la calidad educativa y ocasionar la migración del personal universitario, también ha ido en detrimento del desarrollo científico impulsado dentro de las universidades.

“En el año 2017, el ministerio presupuestó sólo 3 dólares para libros y revistas para todos los entes descentralizados adscritos a dicha cartera”, mientras que en 2016 sólo se destinaron 984 dólares para la compra de equipos de procesamiento de datos y paquetes de computación (software) de todas las universidades del país, refiere el resumen.

“La no disponibilidad de libros y revistas científicas, así como los equipos tecnológicos, es para el ODH-ULA una limitante sustancial de la investigación y actualización de conocimientos en las diversas carreras profesionales, lo que se traduce en retroceso y bajo nivel académico”, concluye.

Para el exsenador Luzardo, dentro del restablecimiento del país es inmediato una inversión de emergencia en las casas de estudios superiores. “El nivel de investigación está colapsado totalmente, tanto como el de docencia. Lo digo por la importancia de las universidades como apoyo y formulación de conocimientos”, enfatiza.

Un ejemplo de esa situación es el peligro de desaparecer que corren el Jardín Botánico de la Universidad Central de Venezuela, Patrimonio Mundial de la Humanidad, y el Herbario Nacional de Venezuela que está en sus instalaciones, con 400 mil especies botánicas que han servido como referencia a las más importantes investigaciones ecológicas de la región. “La memoria técnica y botánica del país está perdiéndose por abandono, falta de presupuesto”, lamenta Luzardo.

Vista del deterioro en el Jardín Botánico de Caracas. En la imagen, una parte de la colección del Palmeto, antiguamente famosa por sus 4000 especímenes y 250 especies de palmas y orquídeas, la mayoría de Latinoamérica. Foto: Jeanfreddy Gutiérrez Torres.

Tampoco hay dinero para que los estudiantes de carreras como Biología puedan hacer salidas de campo cruciales en su formación. En ocasiones, los profesores universitarios han tenido que solicitar donativos privados para ejercer su labor a cabalidad.

Las ONG ambientales atraviesan por el mismo problema presupuestario y, aunque tuvieran la intención, no podrían sustituir el trabajo de las universidades en esta área, explica el experto en derecho ambiental. “Su trabajo es el activismo, la vigilancia y la denuncia. No son corporaciones…”, recuerda.

Aunado al tema de los fondos para la investigación está el bloqueo constante que el gobierno hace a quienes intentan llevar a cabo actividades que ponen en evidencia el descalabro ambiental. Luzardo cita así el caso del Lago de Maracaibo, la ciudad petrolera del país, en donde con frecuencia se restringen los sobrevuelos para evitar que se exponga cómo está, añade.

Para el especialista, es fundamental el fortalecimiento de las ONG y, por eso, resalta que los sectores económicos del país deben contribuir con esa sociedad civil que estudia el ambiente. Los fondos deben buscarse en las industrias locales pero también en las internacionales. “No hay que esperar que el gobierno responda y sea benevolente”, sostiene.

Contra la militarización de los territorios indígenas

La fiebre del oro llegó a los territorios indígenas desde hace años y, con la emergencia humanitaria compleja que atraviesa Venezuela, se intensificó hasta tal punto que cada vez son más las etnias que participan en este negocio. Pero lo que no había llegado hasta las minas controladas por los indígenas eran las manos del Estado con el afán de militarizar sus territorios.

Eso pasó en el parque nacional Canaima, en el sureño estado Bolívar, en diciembre de 2018 y el resultado fue un indígena pemón muerto y dos heridos. Durante horas, la zona fue cercada por los uniformados, quienes persiguieron a los indígenas y reprimieron con bombas lacrimógenas. El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino López, aseguró días después que el episodio fue un enfrentamiento con mineros en el marco de la “Operación Tepuy Protector”. Pero nunca se probó que los pemones estuviesen armados.

La historia se repitió en Kumarakapay y Santa Elena de Uairén, también en Bolívar, en febrero de 2019, cuando el Ejército y la Guardia Nacional arremetieron contra los indígenas que protestaban a favor del ingreso de la ayuda humanitaria. Allí fueron cuatro los asesinados.

Nueve meses después de aquella acción, hubo otro ataque en territorio pemón. En Ikabarú, un pueblo minero cerca de la frontera con Brasil, también en Bolívar, una banda criminal armada mató a ocho personas, incluyendo un indígena, para hacerse de un yacimiento aurífero. Sin embargo, en los alrededores, los pobladores sospechan que en realidad se trató de oficiales encubiertos.

“Pareciera que lo que está ocurriendo es un ablandamiento de la resistencia de los indígenas, que se están debatiendo entre hacer una minería a mayor escala o tratar de frenar que ingresen los foráneos hasta sus territorios”, reflexiona Édgar Yerena, biólogo, investigador y profesor universitario.

Yerena apunta que la minería que hace años practicaban los indígenas era rudimentaria, completamente artesanal. Eso empezó a cambiar paulatinamente y ahora en sus yacimientos se ven aparatos y máquinas industriales para extraer minerales.

“Se está viendo que esa minería está proliferando incluso a los costados del parque y eso lo que nos revela es que las mafias mineras ya penetraron el territorio y eso se profundizó luego de la masacre en Santa Elena”, rememora el investigador.

Organizaciones que defienden los derechos humanos en Venezuela, como Provea, han alertado los riesgos que conlleva la militarización de territorios y comunidades indígenas, sin previa consulta, libre e informada, tal como lo contempla la Constitución venezolana y los acuerdos internacionales suscritos por el Estado. Mientras más presencia militar haya en las tierras de los indígenas, mayor será la exposición que tengan a la vulneración de sus derechos.

“Desde el año 2010, fecha en la que se produjo la militarización de los territorios indígenas Wayúu en La Guajira venezolana, se han reportado cientos de abusos que incluyen más de 19 asesinatos de indígenas Wayúu y Añú; cientos de casos de torturas y tratos crueles contra indígenas; detenciones arbitrarias y allanamientos ilegales a viviendas de las localidades de Paraguaipoa y La Raya en la frontera con Colombia”, revela un comunicado de la organización publicado en septiembre pasado.

Provea acota que este despojo de tierras ya ha traído consigo desplazamientos de miles de aborígenes, sometimiento al hambre y a pésimas condiciones de vida. Detener cuanto antes la militarización es una necesidad para los pueblos indígenas.

Compromiso empresarial con los ODS

Gracias a Petróleos de Venezuela (Pdvsa), la compañía estatal más importante del país, Venezuela entró en una lista nada prestigiosa de la cual debería salir: la empresa de hidrocarburos nacional es la décima que más contamina en el mundo, luego de firmas de naciones como Estados Unidos, Arabia Saudita, Rusia, Irán, India y México.

La información fue publicada por el medio británico The Guardian, que expuso cuáles eran las 20 corporaciones que más han emitido gases contaminantes a la atmósfera, por medio de datos extraídos del Climate Accountability Institute.

Para evitar el alcanzar nuevamente este puesto deshonroso, la bióloga Tina Oliveira destaca la necesidad de que Venezuela se comprometa, con todas sus industrias, tanto las empresas del gobierno como las privadas, con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) impulsado por Naciones Unidas, y suscritos por Venezuela.

“Es imperativo que se restablezcan la vigilancia y control de efluentes líquidos de emisiones y que haya un proceso para que las empresa se adecúen a los estándares internacionales y a los ODS (…) Venezuela tiene una deuda en materia de cambio climático. Pareciera que estamos en la franja de emisiones que corresponde a nuestro país, pero lo cierto es que no se están tomando las medidas adecuadas para que haya una adaptación y mitigación del cambio climático”, dice.

Nuevamente, Oliveira señala que la acción ciudadana continuada puede hacer mucho para alcanzar la meta. Sin embargo, apunta también a los financiamientos internacionales que puedan conseguirse para sostener campañas que vayan en pro del cumplimiento de las ODS.

El regreso de la institucionalidad

Cada paso en materia ambiental, y prácticamente en cualquier área en Venezuela, pasa por el tamiz de las instituciones. El debilitamiento y politización de todas las instancias, comenzando por la Presidencia de la República y su gabinete ministerial, pasando por el máximo tribunal hasta llegar a la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo, son hoy encabezadas por políticos leales al gobierno de Nicolás Maduro y, por eso, avalan sin contradecir cada una de las decisiones que de allí se emanan.

“Con el actual gobierno venezolano no es posible una solución fácil de ningún problema ambiental”, asevera Álvarez, al tiempo que subraya que el Ejecutivo tiene una política clara, ya expuesta, sobre el tema de la minería. mongabay Latan