Se trata de un hecho inédito en Argentina, debido a que es la primera vez que una causa por crueldad animal y daño agravado al ambiente llega a esta instancia, explicó Lucas Micheloud, abogado querellante, co-director ejecutivo de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y del Colectivo de Acción para la Justicia Ecosocial (CAJE).

Es un hecho ocurrido en 2021, cuando el empresario pasó por encima de una colonia de pingüinos con maquinaria pesada y electrificó la zona por la que circulaban las aves marinas para poder alimentar a sus crías. Una causa inédita en el país, conocida como el caso de la masacre de los pingüinos de Punta Tombo.

El empresario ganadero Ricardo Adolfo La Regina deberá afrontar un juicio oral y público por los supuestos delitos de maltrato animal y daño agravado al ambiente por el caso conocido como la “masacre de pingüinos” de Punta Tombo, la colonia más importante de estas aves marinas en el mundo, ubicada en la provincia de Chubut. Así lo decidió la jueza Ana Karina Breckle este miércoles, confirmó la querella.

Se trata de un hecho inédito en Argentina, debido a que es la primera vez que una causa por crueldad animal y daño agravado al ambiente llega a esta instancia, explicó Lucas Micheloud, abogado querellante, co-director ejecutivo de la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA) y del Colectivo de Acción para la Justicia Ecosocial (CAJE).

Entre agosto y diciembre de 2021, La Regina, a cargo de la finca de su familia, La Perla, provocó la muerte de centenar de pingüinos y arrasó con unos 175 nidos, muchos de ellos en etapa reproductiva, de acuerdo con la acusación que llevan adelante la fiscalía penal, la fiscalía de Estado de la provincia y la querella, integrada por Greenpeace, la Asociación de Abogados Ambientalistas y la Fundación Patagonia Natural.

Los hechos también provocaron la muerte de 292 pichones y huevos de la especie y la pérdida de 2.000 metros cuadrados de vegetación nativa en la reserva natural provincial.

La defensa y los querellantes

La defensa, a cargo de Federico Ruffa, sostiene que “el imputado se ha puesto a disposición en reiteradas oportunidades para que sus actividades ganaderas puedan desarrollarse en forma compatible con la reserva natural pero no ha recibido respuesta del Estado”.

El abogado ha realizado distintas observaciones, en especial contra los informes técnicos presentados por la fiscalía. “Creo que esos informes técnicos son en realidad un peritaje en el que no pudimos participar con perito de parte porque no fuimos convocados y eso atenta contra el derecho a la defensa”, dijo Ruffa.

Sin embargo, la magistrada admitió la calificación legal y el material probatorio, incluyendo los informes técnicos. También determinó que se garantizó el derecho de defensa.

Los acusadores sostienen que La Regina tenía “pleno conocimiento de la ilegalidad de su accionar”, ya que su finca es lindera con la Reserva Punta Tombo y su familia había donado parte de las tierras donde anidan las aves que hoy forma parte de la reserva. Los daños fueron provocados mediante la utilización de maquinaria pesada como una retroexcavadora, sin autorización previa y sin estudio de impacto ambiental previo.

Además, La Regina colocó un alambrado electrificado a lo largo de ese camino que impidió la circulación de los pingüinos.

Los pedidos de pena

La defensa había solicitado el sobreseimiento de La Regina y sostiene que no se ha acreditado el daño al ambiente y a los pingüinos. La fiscalía, sin embargo, dio por acreditado el daño y solicitó una pena de cuatro años de prisión mientras que la querella pidió doce años. “Consideramos que se trata de un ecocidio pero no contamos con ese tipo penal en Argentina. Además, la ley de maltrato animal data de octubre de 1954 y la pena máxima es de un año de prisión. Queremos dar el debate de la necesidad de aggiornar esta ley y agudizar las penas, además de tener un capítulo penal ambiental con perspectiva ecocéntrica para terminar con la impunidad ambiental en la Argentina”, explicó Micheloud.

El juicio oral y público aún no tiene fecha de inicio ni tribunal. Se espera que la Justicia de Chubut sortee la composición del mismo para designar a los jueces que deberán llevar adelante el debate.