Que el Gobierno de Colombia fortalezca institucionalidad ambiental

Manuel Guzman Hennessey lanzó esta petición dirigida para Gobierno de Colombia

Carta Abierta al Presidente Iván Duque
Bogotá, 14 de abril de 2020

Doctor

IVÁN DUQUE MÁRQUEZ

Presidente de la República de Colombia

Respetado señor presidente:

Con relación a la carta enviada a usted el 3 de abril, por un grupo de empresarios del Instituto de Ciencia Política Hernán Echavarría Olózaga – ICP–, nos permitimos hacerle algunas consideraciones orientadas a interpretar el momento que vivimos y enfrentar, entre todos (según la responsabilidad de cada cual), la crisis económica, social, ambiental y cultural que, sin duda, nos impondrá nuevos desafíos después de la pandemia del Covid 19.

Queremos expresarle nuestro desconcierto ante algunos de los argumentos y recomendaciones allí expresados, especialmente el de abreviar los procedimientos para obtener licencias ambientales, lo cual (entre líneas) sugiere aprovechar la crisis para debilitar los mecanismos existentes en la legislación y la institucionalidad colombiana, y vulnerar normas fundamentales de la constitución y la ley, especialmente el artículo 79 de nuestra Constitución Política, que establece que “Todas las personas tienen derecho a gozar de un ambiente sano. La ley garantizará la participación de la comunidad en las decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y fomentar la educación para el logro de estos fines.” …”.

Igualmente, la Constitución reconoce la diversidad étnica y cultural como principio constitucional (CP arts 7,8 y 80) y consagra derechos culturales y territoriales a los grupos étnicos, los cuales se verían afectados si se atienden las recomendaciones del ICP de limitar el derecho a la consulta previa, que ha sido reconocido por la Corte como un derecho constitucional fundamental en innumerables sentencias (Ver, por ejemplo: sentencia de Sala Plena SU-123 de 2018). Sobre los derechos de las minorías étnicas cabe destacar que este es uno de los mayores logros alcanzados por Colombia en materia de protección de la diversidad cultural y de la diversidad biológica; así se reconoce internacionalmente por lo cual no sería conveniente enviar una señal regresiva sobre tales materias.

Quienes firmamos esta carta, por el contrario, reconocemos los desafíos que esta crisis les está imponiendo a todas las comunidades y gobiernos del mundo, incluido el que usted preside. Consideramos oportuno que se maneje el llamado “Aislamiento Voluntario” por el tiempo que recomienden los grupos de científicos que el Gobierno Nacional ha convocado para asesorarlo. Conscientes del impacto que estas medidas están causando y causarán sobre el conjunto del país, entendemos la prioridad de garantizar las condiciones que permitan ejercer el Derecho a la Vida, sin el cual resulta imposible el ejercicio de los Derechos Fundamentales que de él se derivan.

Reconocemos igualmente el conjunto de medidas económicas, de flexibilización de jornadas laborales, de apoyo al teletrabajo, de otorgamiento de subsidios a la población más vulnerable y de apoyo al Sector Salud (incluido el aumento de la capacidad hospitalaria) que hoy adelanta el Gobierno en coordinación con los gobiernos locales. La efectividad de esas medidas en el corto, mediano y largo plazo dependerá de que, simultáneamente, se fortalezcan todos los instrumentos que garanticen la protección efectiva de los ecosistemas y dinámicas naturales que les otorgan resiliencia y viabilidad a los territorios. Cada vez parece más claro que el deterioro ambiental condujo al mundo a una crisis climática y a las condiciones que permitieron la mutación del virus que hoy tiene a la humanidad acorralada.

Debido a ello, considerar el argumento del ICP, según el cual los procedimientos para temas ambientales deben abreviarse porque frenan el desarrollo nos parece inconveniente. Creemos que estos procedimientos sobre licencias ambientales y consultas previas de las comunidades, para proteger sus territorios, fuentes de agua y conservación de ecosistemas, no frenan el desarrollo sino que, por el contrario, lo hacen posible, en los términos que hoy definen al desarrollo sostenible. Al contrario de lo que proponen los empresarios del ICP, quienes parecen considerar el otorgamiento de licencias como un simple trámite, creemos que habría que fortalecer estos procedimientos actualizándolos a los enormes retos que hoy representan la crisis ambiental y climática, en el marco de los compromisos internacionales adquiridos por Colombia. Así mismo, habría que fortalecer también la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, para que no solo efectúe una adecuada evaluación de los estudios de impacto ambiental sino para que, en los casos en que otorgue las licencias, les haga un adecuado seguimiento, asuntos que hoy presentan graves vacíos. La flexibilización de las licencias ambientales y las consultas previas, por medio de un decreto legislativo, sería además inconstitucional por falta de una conexidad clara y directa con las razones que llevaron a decretar el estado de emergencia, que es el requisito mínimo que deben cumplir las medidas adoptadas por decreto legislativo.

Acompañamos la decisión del Gobierno de suscribir, finalmente, el Acuerdo de Escazú, aún pendiente de aprobación por el Legislativo. Para ser coherentes con los principios del mismo habría que ampliar la participación ciudadana urbana y rural en relación con los procedimientos ambientales, y proteger mejor a los líderes sociales y ambientales.

Una apropiada lectura de la crisis nos enfrenta con la necesidad de acelerar las transiciones económicas, sociales y culturales hacia una sociedad con menos emisiones de carbono, en la línea de los acuerdos internacionales que el país ha suscrito. En septiembre de 2020 Colombia debe informar al mundo, representado por la Asamblea Anual de las Naciones Unidas, en qué medida aumentará sus metas (NDC) del Acuerdo de París. Y en noviembre de este mismo año, nuestro país deberá comunicar en la COP 26 (en el lugar o modalidad que finalmente se decida) cuál será su Estrategia para Descarbonizar la economía antes de 2050. Colombia tiene un compromiso que cumplir en la negociación del marco global para la Biodiversidad posterior a 2020, que se adelanta bajo el Convenio de la Diversidad Biológica; la Pre-COP, último escenario de negociación de este marco, tendrá lugar en Cali, lo que constituye un reconocimiento de la importancia que tiene para Colombia detener la extinción masiva de especies e impedir la destrucción de los ecosistemas.

Por todo lo anterior, consideramos que la crisis del Covid 19 representa una exigencia del planeta (y también una oportunidad) para incrementar y cumplir nuestros compromisos ambientales y climáticos, para lo cual es necesario fortalecer definitivamente la institucionalidad ambiental.

Le reiteramos nuestra solidaridad con los esfuerzos que se llevan a cabo para conjurar no solamente los efectos sino las causas de esta crisis y esperamos someter a su consideración, en momento oportuno, propuestas derivadas de nuestra experiencia en políticas públicas, gestión ambiental, gestión climática y gestión del riesgo de desastres, relacionadas con el periodo que vendrá.

De usted, respetuosamente,

Alegría Fonseca, presidente de Fundación Alma; Brigitte L.G. Baptiste, rectora Universidad EAN; Carlos Fonseca Zárate, consultor ambiental; Carlos Santiago, ambientalista; Clara Solano, Directora Fundación Natura; Camilo Prieto, director Fundación Movimiento Ambientalista Colombiano; Elsa Matilde Escobar, ambientalista; Ernesto Guhl, academia de ciencias naturales, físicas y matemáticas; Gustavo Wilches-Chaux, consultor en gestión de riesgos; Gustavo Galvis Hernández, miembro Junta Directiva Fundación Natura; Hildebrando Vélez Galeano, ambientalista; Julio Carrizosa Umaña, academia de ciencias naturales, físicas y matemáticas; Julio Fierro, profesor Universidad Nacional de Colombia; Juan Mayr, exministro de Ambiente; Juan Pablo Ruiz, columnista de opinión medio ambiente; Margarita Marino de Botero, ambientalista Comisión Brundtland; Margarita Pacheco, presidente Junta Directiva Fundación Natura; Manuel Rodríguez Becerra, presidente Foro Nacional Ambiental; Manuel Guzmán-Hennessey, Director General KLN América Latina; Rafael Vergara Navarro, abogado ambientalista; Rodrigo Negrete, abogado ambientalista; Rodrigo Uprimy, profesor Universidad Nacional de Colombia; Sandra Vilardy, profesora Universidad de los Andes.